Reforma al poder judicial elección de unos cuantos

¿Fortalecer al poder judicial o ponerlo al servicio de los intereses de unos pocos?

Carrera judicial vs Elección criminal

La reforma al poder judicial propuesta por Andrés Manuel López Obrador es criticada por una gran mayoría de especialistas en materia legal y a pesar que los defensores del presidente y sus ocurrencias aseguran que la reforma es necesaria y urgente existen datos que demuestran que el problema de la corrupción no desaparecerá y si, por lo contrario, se corre un alto riesgo que escale a situaciones mucho más graves para la sociedad.

La propuesta de López Obrador confunde la gimnasia con la magnesia con relación a la aplicación de la ley y los beneficios políticos. Las leyes son disposiciones establecidas para mantener el orden y organización social de tal manera que los ciudadanos cumplan con sus responsabilidades en beneficio de todos en general, en tanto la política es el arte de administrar los recursos públicos con responsabilidad de tal forma que las aportaciones económicas de los ciudadanos se traduzcan en obras y servicios en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Por las leyes todos los ciudadanos estamos obligados a cumplir los preceptos que prevén la convivencia respetuosa y digna entre los habitantes de la nación, principios que en muchas ocasiones la política ignora con tal de solucionar situaciones sociales complejas mismas que pueden provocar daños mayores al tejido social, situación que en el actual sexenio ha sido muy aplicada bajo la máxima de “Abrazos no Balazos”, de López Obrador.

Un ejemplo contundente de lo anterior es el llamado “Culiacanzo”, por el cual López Obrador justificó la liberación de Ovidio Guzmán por motivos políticos en lugar de cumplir con la Ley y mantenerlo en la cárcel para enfrentar el proceso penal por las actividades criminales que la fiscalía le imputa.

Con este ejemplo se puede comprender que el problema de la impartición de justicia en México no radica en el desempeño de los jueces y magistrados federales, sino en la Fiscalía General de la República y las instituciones de seguridad federales encargadas de combatir la delincuencia, mismas que, aunque ilegalmente, obedecen las órdenes del ejecutivo federal para dar una solución política a uno de tantos problemas provocados por la delincuencia organizada, que afectan a la población.

El “Culiacanazo” nos permite entender que cambiar la forma de designar a los jueces y magistrados no es la solución a la impartición de justicia en México, situación que el mismo López Obrador reconoció al asegurar que solía hablar con el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, para que interviniera en ciertos procesos judiciales a favor de la solicitud presidencial.

Para que la corrupción, la impunidad y los abusos de poder se acaben en México lo que hace falta es crear un sistema de gobierno en el que los funcionarios de los primeros niveles, en lugar de ser designados por el amigo funcionario electo y “bien parado” con el presidente, el gobernador o el presidente municipal, ganaran sus cargos a partir de la evaluación de su desempeño personal y profesional y en caso de que no cumpla con eficiencia despedirlo de inmediato, antes de que provoque más daños a la sociedad y en caso de comprobarse de que hizo uso de influencias y recursos públicos para su beneficio personal, además de ser despedido sea inhabilitado de por vida para ocupar algún cargo en la administración pública de todos los niveles de gobierno.

Elegir jueces y ministros mediante una elección “democrática” al estilo mexicano en lugar de prepararlos profesional y éticamente es dar patente de corzo a los empleados del crimen organizado mediante la compra de votos para sus candidatos, por lo que la propuesta de López Obrador nos pone en desventaja a los ciudadanos.